La Directiva 2004/39/CE relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros y sus dos normas de desarrollo, la Directiva 2006/73/CE y el Reglamento (CE) 1287/2006 constituyen la normativa MiFID, que entró en vigor para toda la Unión Europea en noviembre de 2007. Dichas directivas han sido objeto de transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 47/2007, por la que se modifica la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, y por el Real Decreto 217/2008, sobre el régimen jurídico de las empresas de inversión y demás entidades que prestan servicios de inversión.

La normativa MiFID impacta en aspectos como la forma en la que las entidades financieras hacen negocios entre ellas y con los inversores, incluyendo la forma en la que estos se clasifican y las obligaciones que las entidades tienen con ellos. En esta línea, uno de los principales objetivos de la normativa MiFID es el incremento de la protección del cliente, que se pretende lograr a través de tres vías:

1. Garantizando la máxima transparencia de los mercados.
2. Reduciendo los costes de las operaciones.
3. Estableciendo nuevos requisitos a las entidades:
    - A la hora de ofrecer servicios de inversión a sus clientes.
    - En la ejecución de estos servicios de inversión.

Adicionalmente, destaca como objetivo la creación de un mercado único de instrumentos financieros en la Unión Europea (UE). En este sentido, la normativa MiFID promueve una homogeneización de los mercados financieros europeos para asegurar que se convierten en un mercado único, abierto, seguro y correctamente supervisado.
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